Hidalgo, F.
2 Rev. Cient. Ratio. Iure. 3(1): e483; (Ene-Jun, 2023). e-ISSN: 2810-8159
1. INTRODUCCIÓN
Los miembros de la comunidad trans, en su accionar cotidiano se enfrentan a estigmatizaciones y
paradigmas de discriminación frecuente, que muchas veces se evidencia en episodios violentos motivado
por identificación de género y/u opción sexual percibida o real, o porque su cuerpo es diferente a las
tradicionales definiciones de hombre o mujer. Según la ONU (2020), la población LGTB es el segundo grupo
poblacional con más reportes de abusos de derechos que se reporta en el mundo, después de las
comunidades indígenas.
En el Perú, un porcentaje importante de la población accede con limitaciones a los servicios de salud, como
la cobertura de algún tipo de seguro de salud. Por tanto, el acceso de calidad y con plenitud a las
prestaciones asistenciales de salud sigue siendo un reto en su accionar, desde el punto de vista de la gestión
administrativa, como desde la óptica del derecho fundamental a contar con servicios de salud, siendo esta
condición mucha más evidente en las comunidades LGTB. De esta manera, la Defensoría Del Pueblo (2016)
indica que, son frecuentes los testimonios que dan cuenta de eventos donde se excluye, discrimina y
desatiende a las personas LGBTI en los centros asistenciales de salud, como la negativa de ser atendidos
por su condición de identidad sexual; acciones de violencia sicológica y verbal de los profesionales de salud
durante las atenciones; mala atención y esperas no justificadas motivadas en la determinación sexual e
identificación de género.
En el escenario específico de la región San Martín, desde la creación del colectivo Diversidad Sanmartinense
– DISAM, organización constituida por jóvenes LGTB, cuyo objetivo es la implementación de acciones
relacionadas a defender y promocionar los derechos de los LGTB y la prevención de VIH en poblaciones
LGTB, diversos han sido los casos que se han reportado sobre el abuso y discriminación de esta comunidad
en el acceso a los servicios de salud, teniendo una estrecha relación de seguimiento de casos en los
Hospitales de Tarapoto, tanto de MINSA como de EsSalud, siendo algunos casos denunciados a INDECOPI,
SUSALUD y la Defensoría del Pueblo, y en menor escala a nivel judicial, los cuales no se cuenta con
información sistematizada desde el campo del derecho de la forma y modalidad de cómo fueron resueltos,
acción que amerita desarrollar una investigación para conocer los derechos fundamentales vulnerados, su
tipología del accionar institucional para afrontarlos y los resultados para fomentar garantías del acceso
universal a la salud que tiene todo ciudadano del país.
El derecho al acceso a la salud, es una acción social de naturaleza material como inmaterial, es multicausal
y multidimensional, por tanto, desborda las capacidades médicas, y comprende tres enfoques axiológicos:
el vínculo entre derechos humanos y paz (brindando garantías de los derechos fundamentales para
preservar la paz), el vínculo entre derechos e igualdad (valoración igualitaria para todos), y el rol de la ley
del más débil en disyuntiva a la ley del más fuerte (Ferrajoli, 2006).
Las personas transgéneros son diversas en sus identidades de género (la modalidad en que sienten en su
interior), en las expresiones de género (la modalidad actuar o de vestir) y en las orientaciones sexuales (las
personas por quienes sienten atracción) (Planned Parenthood, 2018).
La relevancia de la investigación estuvo centrada en la vulneración al acceso a los servicios de salud como
derecho universal y consagrado en la Constitución Política del Perú, no tiene los mismos niveles para el
acceso o no presenta políticas diferenciadas para la atención cuando se trata de pacientes cuya identidad
sexual no corresponden a los estereotipos que la sociedad considera como normales, de ahí que indagar
sobre el acceso a la salud de la comunidad trans en la ciudad de Tarapoto.