Rev. Cient. Ratio. Iure. 3(1), e439, doi: 10.51252/rcri.v3i1.439
Artículo original
Original article
Ene-Jun, 2023
https://revistas.unsm.edu.pe/index.php/rcri
e-ISSN: 2810-8159
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de atribución de Creative Commons, que permite el uso sin restricciones, distribución
y reproducción en cualquier medio, siempre que se cite debidamente la obra original.
Abuso del proceso contencioso administrativo por la
extinción de la concesión minera
Abuse of the administrative litigation process for the termination of the mining
concession
Díaz-Guevara, Karolay Brillith1*
Bardales-del-Aguila, Lionel1
Solis-Toledo, Richard Joseph2
Castillo-Neyra, Alberto Edgardo3
1Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú
2Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú
3Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Lima, Perú
Recibido: 09 Oct. 2022 | Aceptado: 27 Nov. 2022 | Publicado: 20 Ene. 2023
Autor de correspondencia*: kbdiazg@alumno.unsm.edu.pe
Cómo citar este artículo: Díaz-Guevara, K. B., Bardales-del-Aguila, L., Solis-Toledo, R. J. & Castillo-Neyra, A. E. (2023). Abuso del
proceso contencioso administrativo por la extinción de la concesión minera. Revista Científica Ratio Iure, 3(1), e439.
https://doi.org/10.51252/rcri.v3i1.439
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo estudiar el abuso del proceso contencioso administrativo por
extinción de la concesión minera en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico durante el año 2019. Para ello,
se optó por una investigación de enfoque cualitativo, en la que se recurrió a la teoría fundamentada, la
hermenéutica y el estudio de caso para interpretar los datos obtenidos de las entrevistas a especialistas y de los
procesos judiciales en materia contenciosa administrativa relacionados a derechos mineros. Asimismo, la
información recopilada de las entrevistas fue analizada con ayuda del software de análisis de datos cualitativos
ATLAS.ti 9, y los datos recopilados de los procesos judiciales con el software de análisis de datos Excel. Los
resultados demostraron la existencia del abuso del proceso, por parte de los titulares de las concesiones
mineras, al recurrir al proceso contencioso administrativo con la interposición de demandas carentes de
fundamentos y sin expectativa de éxito, con el fin de solicitar la nulidad de la resolución administrativa que
declaró la extinción de la concesión minera; así como la nulidad de la resolución administrativa que declaró la
inadmisibilidad de la acreditación del pago del derecho de vigencia y/o penalidad.
Palabras clave: abuso del derecho; abuso procesal; concesión minera; proceso contencioso administrativo
ABSTRACT
The objective of this investigation was to study the abuse of the administrative contentious process due to the
extinction of the mining concession in the Geological, Mining and Metallurgical Institute during the year 2019.
For this, an investigation with a qualitative approach was chosen in which the grounded theory, hermeneutics
and the case study to interpret the data obtained from interviews with specialists and judicial processes in
contentious-administrative matters related to mining rights. Likewise, the information collected from the
interviews was analyzed with the help of the qualitative data analysis software ATLAS.ti 9 and the data
collected from the judicial processes using the Excel 2016 data analysis software. The results obtained
demonstrated the existence of the abuse of the process, by the holders of the mining concessions, by resorting
to the contentious-administrative process with the filing of lawsuits lacking foundations and with no
expectation of success, in order to request the annulment of the administrative resolution that declared the
extinction of the concession mining; as well as the nullity of the administrative resolution that declared the
inadmissibility of the accreditation of the payment of the right of validity and/or penalty.
Keywords: abuse of the right; procedural abuse; mining concession; contentious-administrative process
Díaz-Guevara, K. B. et al.
2 Rev. Cient. Ratio. Iure. 3(1): e439; (Ene-Jun, 2023). e-ISSN: 2810-8159
1. INTRODUCCIÓN
En el Perú, la minería es una de las actividades económicas más importantes por su contribución del 10%
al PBI en los últimos diez años, además de ser fuente de generación de empleo formal con un equivalente
al 4,5% (IPE, 2021). Asimismo, según el Ministerio de Energía y Minas (2022), la minería representa el
60% de las exportaciones y el 23% de la inversión extranjera en el país. Es por estos efectos económicos y
aquellos de orden social y ambiental, que el otorgamiento de los recursos minerales mediante la
concesión minera es un tema de interés social, que requiere de una regulación legal alejada de decisiones
discrecionales, lo cual también comprende el cumplimiento de las obligaciones mineras para mantener su
vigencia.
Estas obligaciones mineras consisten en el pago del derecho de vigencia y/o penalidad, el mismo que
debe realizarse antes del 30 de junio de cada año, por lo contrario, su incumplimiento por 2 años
consecutivos tiene como consecuencia la extinción de la concesión minera por incurrir en causal de
caducidad; lo cual genera de pleno derecho, que el Instituto de Geología, Minería y Metalurgia (en
adelante INGEMMET) emita la resolución administrativa que declara su extinción y se deje disponible el
área de la concesión para ser peticionada por otro interesado, conforme a lo establecido en la
normatividad minera. No obstante, dicha resolución administrativa es susceptible de ser impugnada en
vía administrativa ante el Consejo de Minería y, de ser el caso, ante la inconformidad del titular con lo
resuelto, acudir a la vía judicial mediante el proceso contencioso administrativo (en adelante PCA).
Mediante el PCA, los jueces realizan un control jurídico de los actos emitidos por la administración
pública, buscando asegurar la aplicación del principio de legalidad, el debido procedimiento y la efectiva
tutela de los derechos e intereses de los administrados (Huapaya Tapia, 2019). En ese sentido, mediante
este proceso, se somete a revisión judicial las resoluciones administrativas que declararon la extinción de
la concesión, pronunciándose a favor de la validez del acto administrativo o resolviendo su nulidad.
Bajo este contexto, en los últimos años, el INGEMMET ha venido enfrentando gran cantidad de demandas
contenciosas administrativas interpuestas por los titulares de las concesiones mineras, quienes buscan
que el órgano jurisdiccional revierta la extinción y se mantenga la vigencia de la concesión minera a su
favor, aun cuando la emisión de la resolución administrativa es únicamente atribuible al titular ante el
incumplimiento de sus obligaciones mineras. Ante tales circunstancias, los titulares podrían estar
abusando del ejercicio a su derecho de acción, acudiendo al PCA para conseguir dilatar los efectos de las
resoluciones ante la pérdida de la concesión.
El abuso del derecho ha sido definido como el uso o empleo excesivo, injusto, anormal e indebido de una
facultad o poder reconocido a un sujeto por el ordenamiento jurídico, ya sea buscando un fin contrario
para el cual fue reconocido o ejercitándolo de un modo que no corresponde (Loutayf Ranea, 2015). Según
Muñoz Aranguren (2018), el abuso del derecho puede manifestarse también en el ejercicio de los
derechos fundamentales, ya que éstos no son absolutos, pues, su ejercicio se encuentra sujeto a
limitaciones, tanto a la existencia de los derechos de terceros y a que su ejercicio no resulte contrario a su
finalidad institucional. De ello se colige que, el abuso del derecho también puede manifestarse en el
ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, en su contenido de derecho de acceso
a la justicia o derecho de acción.
El derecho de acción es la facultad de cualquier sujeto de derecho de presentar ante un juez su
pretensión, cualquiera fuera su contenido, tipo y la eventual legitimidad que pueda ampararla (STC del
Exp. N° 00763-2005-PA/TC, fundamento 6). El ejercicio de este derecho abarca desde el acto inicial del
juicio y todos los demás actos desplegados durante el proceso judicial hasta la emisión del acto final (de
Oliveira, 2009). No obstante, como cualquier otro derecho, su ejercicio se encuentra sujeto a condiciones
Díaz-Guevara, K. B. et al.
3 Rev. Cient. Ratio. Iure. 3(1): e439; (Ene-Jun, 2023). e-ISSN: 2810-8159
o limitaciones, siempre que no obstaculicen, impidan o disuadan irrazonablemente acceso del particular a
un tribunal de justicia (STC del Exp. N° 2763-2002-AA, fundamento 4).
De modo que, siendo el proceso judicial un instrumento para alcanzar la justicia, las conductas contrarias
a este fin o que lo aparten de él, deben ser rechazadas por cualquier ordenamiento jurídico (Antoraz,
2010). Por lo que, Dos Santos Melgarejo (2018) alude que, se está frente a una conducta abusiva en
ejercicio del derecho de acción, cuando existe contradicción entre el pedido de tutela jurisdiccional y la
auténtica finalidad perseguida por el litigante, ocasionando un daño o perjuicio al proceso
En ese sentido, el abuso procesal se produce cuando en un proceso judicial, los sujetos procesales
ejercitan excesiva, injusta, impropia o indebidamente sus derechos y facultades, apartándose del fin
asignado al acto o la actuación, que ocasiona un daño en el proceso (Vargas Guevara, 2019; Trigiani,
2017). Esta figura jurídica en el derecho ha sido clasificada por la doctrina, según el momento del
ejercicio del derecho de acción por el titular, en abuso del proceso y abuso dentro del proceso. Mientras,
el abuso del proceso se encuentra relacionado con la interposición de las demandas con conciencia de la
sinrazón, en demasía, sin fundamento o en forma innecesaria; el abuso dentro del proceso está referido a
todos los demás actos que durante el desarrollo del proceso que obstaculizan o extienden el plazo para la
dilucidar la controversia (Antoraz, 2010; Loutayf Ranea, 2015; Trigiani, 2017).
Pese a la concurrencia de esta circunstancia en cualquier rama del derecho, resulta controvertido
suponer la existencia del abuso procesal en el PCA; ya que según Mac Rae Thays (2017), este proceso
judicial constituye un medio de defensa para el ciudadano frente a los actos u omisiones de la
administración pública, que vulneren o amenacen sus derechos e intereses de los administrados. Es así
que, ante esta situación inusual y, por ende, poco reportada en la literatura; a fin de estudiar el abuso del
PCA por extinción de la concesión minera por parte de los titulares, se formularon como objetivos
específicos: definir el abuso del PCA, evidenciarlo e identificar sus características más visibles.
Por esta razón, como toda investigación novedosa fue pasible de algunas limitaciones desde la falta de
publicaciones científicas que hayan abordado el empleo del PCA desde una perspectiva diferente a la
defensa o protección del administrado, así como estudios sobre al abuso del proceso en temas de derecho
administrativo. Asimismo, fue inviable conocer la percepción o justificación de los titulares ante la
situación problemática, porque los datos personales de las partes en un proceso judicial revisten de ser
confidenciales e incluso resultaría complejo contactarlos ante la falta de información personal.
De allí, la transcendencia de esta investigación, pues se contribuye a confirmar la teoría del abuso,
evidenciándose conductas abusivas en ejercicio del derecho de acción, al mismo tiempo que, se realiza un
aporte teórico al PCA, describiéndose circunstancias en la que su empleo es contrario a los fundamentos
de su instauración en todo ordenamiento jurídico. Por otro lado, la información obtenida resulta útil para
motivar a las autoridades administrativas y a los operadores de justicia a proponer medidas legales y/o
administrativas que brinden solución a la situación problemática o poder sustentar una revisión a la
regulación del proceso contencioso administrativo en torno a las causas que deban ser admitidas en este
proceso judicial.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación fue básica y su alcance fue exploratorio, porque la problemática ha sido pocas
veces abordada y se realizó desde una nueva perspectiva, que requirió indagar para obtener información
a fin de conocer el fenómeno e identificar conceptos, que posteriormente será utilizado en investigaciones
de mayor alcance (Hernández Sampieri et al., 2014).
Asimismo, el enfoque utilizado fue cualitativa, que permitió analizar los hechos y revisar los estudios
previos para generar una teoría como resultado de la interpretación del fenómeno (Hernández-Sampieri
Díaz-Guevara, K. B. et al.
4 Rev. Cient. Ratio. Iure. 3(1): e439; (Ene-Jun, 2023). e-ISSN: 2810-8159
& Mendoza, 2018). Para ello, las técnicas de investigación empleadas fueron la teoría fundamentada, la
hermenéutica y el estudio de caso.
En esta investigación se trabajó con 2 unidades de muestra: 1) Procesos judiciales en materia contencioso
administrativo relacionado a derechos mineros, interpuesto contra el INGEMMET, que concluyeron en el
año 2019, los cuales ascienden a 50 procesos judiciales hallados en el archivo de la Oficina de Asesoría
Jurídica del INGEMMET en la ciudad de Lima; y 2) Especialistas vinculados a los procesos contenciosos
administrativos relacionados a los derechos mineros, quienes fueron en total 5 participantes que
laboraban en la Oficina de Asesoría Jurídica del INGEMMET, entre las que se encuentra 1 funcionaria y 4
servidoras públicas, todas de profesión de abogada.
La estrategia de muestreo para los procesos judiciales fue de tipo teórica-conceptual para elegir los
expedientes cuyos atributos contribuyen a formular la hipótesis o teoría, y de tipo diversa, ya que se
encontraron en diversas instancias judiciales. En este caso, el criterio de inclusión fue la especialidad del
proceso (contencioso administrativo), y los criterios de exclusión fueron su temporalidad (concluidos en
el año 2019), el tema en controversia judicial (extinción de la concesión minera y acreditación del pago de
derecho de vigencia y/o penalidad). Por otro lado, la estrategia de muestreo para selección de los
entrevistados fue por muestra de expertos para obtener sus opiniones sobre el tema, aplicándose como
criterio de inclusión su experiencia profesional en la atención de procesos judiciales y los criterios de
exclusión fueron la especialidad del proceso judicial y su relación directa con temas de derechos mineros.
La técnica aplicada fue la observación documental y la entrevista. Mediante la observación documental se
recopiló información contenida en los procesos judiciales, extraída mediante la ficha de recolección de
datos, que permitió conocer los resultados y justificaciones de las sentencias. Por su lado, el empleo del
análisis de contenido permitió interpretar la información contenida entrevistas, que fueron convertidas a
textos y luego procesadas a través de software ATLAS. Ti 9, con la finalidad de marcar las voces
(respuestas) que proporcionaban información relevante y asignarles un código, para entrelazarlos y
elaborar redes semánticas según los objetivos. Asimismo, para el análisis de datos recopilados de los
procesos judiciales se utilizó el software de análisis de datos Excel 2016.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Definición del abuso del proceso contencioso administrativo por extinción de la concesión
minera
En el estudio realizado, el abuso del PCA por extinción de la concesión minera fue definido como el
ejercicio indebido del derecho de acción por parte de los titulares de las concesiones mineras, la
extralimitación en el ejercicio del derecho de acción y el uso excesivo del proceso judicial.
Los entrevistados también consideraron que la extralimitación o el indebido ejercicio del derecho de
acción por los titulares se manifiesta con la interposición de demandas innecesarias y sin fundamento,
que se caracteriza por la inconsistencia entre los hechos y los fundamentos jurídicos para demandar, y el
previo conocimiento del resultado desfavorable del proceso, ya que ellos conocen que la ley no ampara su
accionar. Asimismo, consideran que la interposición de demandas sin fundamento es un acto lícito pero
contrario al derecho.
Estos conceptos coinciden con la definición realizada por Loutayf y Antoraz, citados por Trigiani (2017),
quienes señalan que el abuso del proceso se materializa con las denominadas “aventuras judiciales”, entre
las que se encuentran las demandas con conocimiento o debiendo tener conocimiento de la sinrazón y las
demandas innecesarias; así como Cavero Safra (2011), quien concluye que el abuso del derecho de acción